El gasoducto y la situación colonial en Puerto Rico
Por Carlos Rafael Alicea Negrón
NIKEHURA
El gasoducto que propone el gobierno de Puerto Rico depende en su “aprobación” institucional de la burda intervención colonialista del Cuerpo de Ingenieros, del Departamento de Pesca y Vida Silvestre y de la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) en nuestra amada matria. Esta intervención de instituciones extranjeras en nuestros asuntos debe ser combatida y denunciada por lo que es, otra afrenta a la dignidad y a la soberanía de Puerto Rico dentro de esta estado oprobioso de la colonia. Esta injerencia foránea está mediada por los intereses económicos, políticos y burocráticos que afecten estas instituciones del gobierno federal en Puerto Rico. Sus acciones están guidas para su propio beneficio: a) que asegure por un lado las propuestas de las corporaciones y b) de esa aprobación se valide su propia existencia. Esto está claramente reñido con los intereses de los puertorriqueños y puertorriqueñas, un ambiente saludable y la protección de su salud y bienestar. Pensar de otra manera es creer en la existencia de pajaritos preñaos. No importa que en algunos momentos parezcan coincidir los intereses de estas instituciones federales con lo que los grupos organizados en Puerto Rico postulan y defienden, al final las agencias federales responden y cumplen con las prerrogativas que protegen, establecen y dan legitimidad al estado actual que promueve el crecimiento económico. Esa es la función y la misión de este aparato federal de leyes y reglamentos dizque ambientales, simular que hace, de manera y forma que no interrumpa o dañe los procesos económicos y principalmente perturbe lo menos posible la acumulación de capital. Estas pantomimas crean la ilusión de “protección ambiental” para proyectar el espejismo de estar al lado de las comunidades y en protección del ambiente. De esa manera estas agencias federales dan legitimidad a los proyectos de los proponentes por medio de estas “evaluaciones ambientales” etiquetando estos propuestas como iniciativas cumplidoras de la ley y los reglamentos y por lo tanto aceptables.
Aquí no importa si un proyecto daña o no al ambiente. Aquí no importa si un proyecto empeora las condiciones de la salud humana y ambiental en una comunidad. Es suficiente el cumplimiento con las leyes y regulaciones, la salud, el bienestar de las comunidades no es primordial, es secundario. Todo esto está supeditado a la dictadura de la “objetividad”, de la “neutralidad” científica y de la burocracia reglamentaria y legalista.
Y es en este contexto de las condiciones coloniales en que se ejercen estas “políticas públicas ambientales” en Puerto Rico, donde se ponen los huevos a peseta. ¿Participar en estos procesos o no participar esa es la pregunta?
La participación en los procesos burocráticos legalistas de las agencias federales en Puerto Rico puede tener serías consecuencias políticas. Esta participación se da dentro del discurso de la dependencia y el mito de la “superioridad” de la esfera federal. Esta cantaleta se mercadea en Puerto Rico como piedra angular del discurso colonialista. Hay que claramente y sin ambages denunciar y clarificar que estos procesos de las “míticas” agencias federales son procesos para proteger a los adinerados, a los que proponen proyectos. Hay que claramente explicar que la participación en estos procesos legalistas y reglamentarios son decisiones tácticas que sirven para propósitos organizativos que refuercen la discusión y el debate como parte de un proceso de levantar conciencia. Es fundamental por lo tanto que con intencionalidad y claridad se demuestre, se explique, se fundamente las limitaciones y los prejuicios inherentes en los reglamentos ambientales de las agencias federales. Que estos reglamentos y procesos se inclinan hacia salvaguardar el crecimiento económico. Que estos reglamentos y procesos están y usan mecanismos de racismo institucional y colonial para adelantar intereses que son ajenos a los intereses de proteger la salud del pueblo puertorriqueño. No tener una agenda de explicación y denunciación clara, precisa, sin rodeos de estos hechos desperdicia la oportunidad de un proceso de aprendizaje y descolonización en la isla. Más grave aún, la ausencia de esta claridad puede dar legitimidad a las mentiras que fundamentan una de la patas del colonialismo en Puerto Rico: la “inferioridad” y falta de capacidad del puertorriqueño en atender adecuadamente sus propios asuntos y la esencia “bonachona, bondadosa” de lo estadounidense como hacedores de beneficios y cuidados paternales a nuestras indefensa e incapaz sociedad.” Esto justificando las intervenciones federales “porque sin ellos no somos nada”, como dice la canción de Fiel a La Vega. Nada más lejos de la realidad, donde las instituciones gubernamentales implementan un asalto sin cuartel contra los trabajadores en beneficio de las clases adineradas, las instituciones financieras y bancarias y contra todos los pobres en los EEUU. No hay disimulo hoy en día en la lucha sin cuartel para promover desigualdad económica en menoscabo de las clases más pobres.
Un ejemplo claro para demostrar la esencia racista de las leyes ambientales son las normas para designar una comunidad de justicia ambiental establecidas por la EPA. En el documento oficial de la EPA ( siglas en inglés) se determinó que en Puerto Rico para ser designada una comunidad justicia ambiental esta tiene que tener más del 52% de las familias bajo el nivel de pobreza. Comparando con Nueva York solo el 24.9% es requerido. Es decir en Puerto Rico es necesario que existan 2 veces más familias pobres para que esta sea designada una comunidad de justicia ambiental. Según la lógica de la dictadura de la “neutralidad” estadística de la EPA como en general Puerto Rico es más pobre en comparación con Nueva York y a nombre de la consistencia estadística está bien penalizar una comunidad por ser más pobre al negársele la posibilidad de un análisis ambiental adicional que pretende proteger a las comunidades más vulnerables precisamente porque son más pobres.
¿Cómo compagina esto con la idea de justicia ambiental fundamentada precisamente con el precepto de que comunidades pobres y negras están potencialmente más contaminadas y por ello requieren mayor protección designándolas como comunidades de justicia ambiental? Bueno no tiene lógica pues penaliza a las comunidades en Puerto Rico por vivir en un país que es más “pobre.” Claro que no hablar o mencionar que es el mismo sistema colonial impuesto por el gobierno a que estás agencias pertenecen ni aparecen por los centros espiritistas.
Esto me recuerda el desgraciado y triste memo de Larry Summers, cuando era jefe del Banco Mundial. En ese escrito interno que fue filtrado, el decía que hacía sentido económico enviar desperdicios tóxicos al África porque como quiera no había suficiente contaminación todavía en el Continente porque estaba subdesarrollado y claro no habría que preocuparse por el cáncer porque como quiera los africanos no vivían lo suficiente para sufrir del cáncer que estos tóxicos pueden provocar. Esto decía él hacía perfecto sentido económico y ambiental. Y en el caso de Puerto Rico, la EPA parece decir bueno ¿Cuánta pobreza es suficiente? ¿Qué hace sentido económico y ambiental en Puerto Rico que requiera justicia ambiental?
Y así botan la bola estos funcionarios con análisis estreñidos de “neutralidad y objetividad” estadística justifican la discriminación a toda una comunidad en nombre del la “uniformidad de las estadística.” Lo mismo ocurre cuando han de designar el componente por ciento de la mal definida “personas de color.” En su uniformidad igualitaria la EPA dice que la población puertorriqueña es homogénea y por lo tanto no hay “referencia estadística” para poder decidir si una comunidad es “demasiado negra” para poderla designar una de justicia ambiental. Sí, en comparación con las comunidades en los EEUU, que están segregadas de manera clara por raza y clase, en Puerto Rico, los federales nos ven a todos como una sociedad homogénea de “personas de color”. Por lo tanto, no hay manera de distinguir si una comunidad es más o menos negra que la generalidad de la isla.
Y si usted dice ¡Unjú!, ¿Qué es esta burundanga?, ese es precisamente el punto, los esquemas utilizados por esta agencia (lo mismo las otras agencias federales) son ajenos a la realidad e identidad puertorriqueña y por lo tanto solo sirven como atajos para justificar la discriminación, el racismo y la protección de las corporaciones y sus secuaces en nuestro lar. Por eso es imprescindible que en los procesos de lucha organizados estemos claros que estos esquemas legales y las fotocopias que hemos hecho en Puerto Rico, fueron creados para proteger al capital no para proteger a las comunidades o el ambiente. Encima de esto en Puerto Rico, usar los procesos de estas agencias federales sin la denunciación clara y militante de las sus agendas escondidas y sus intervenciones institucionales, pueden servir para reforzar los discursos de inferioridad y desigualdad, inherentes a los objetivos de dominación que sirven de zapata para ejercer el dominio colonial en nuestra isla. Si no estamos claro en transmitir la esencia colonialista de la presencia de estas instituciones en Puerto Rico con la comunidad y las denunciamos y establecemos el criterio de cual es nuestros objetivos estratégicos y tácticos al participar en estos procesos federales, hemos de potencialmente proveer un manto de aceptación de las funciones de estas secciones del aparato federal que es responsable de la opresión sistemática de la sociedad puertorriqueña.
Ahora, ¿y que de las agencias ambientales locales? Bueno eso es un triste cantar, la Junta de Calidad Ambiental, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y La Junta de Planificación por mencionar las más “prominentes”, son ceros a la izquierda en sus funciones de “proteger el ambiente”. Ya ni siquiera disimulan con eso de ser sellos de gomas de los proponentes y simular que protegen el ambiente y sus comunidades.
Una combinación de factores hacen de estas “agencias ambientales” sean inefectivas en sus supuestas funciones ambientales. Claro, fueron diseñadas para ser sellos de gomas de los proponentes que no nos quede duda de ello. Ahora por el contexto político-económico de Puerto Rico estas tienen un grado de disfuncionalidad crónica que mengua todavía más las posibilidades de que puedan simular alguna efectividad. Primero que nada es que las mismas están fundamentadas en un poder inexistente, de mentiras, no puede haber poder real en una situación colonial porque la última palabra la tiene el poder colonial, no el gobierno local. Por ejemplo, la Junta de Calidad Ambiental está supeditada a la Agencia de Protección federal y a las normas ambientales federales[1]. Y lo está de la misma manera supeditada por los balances presupuestarios que se le asignan a las agencias que provienen generalmente por asignaciones federales y claro está esas designaciones se dan de acuerdo a las agendas y modas que dictamine los federales y que como hemos afirmado no son agendas que reflejen las condiciones en Puerto Rico y sus comunidades. Hay ya de entrada una agenda determinada afuera, en los pasillos de poder de la colonia no en Puerto Rico, la JCA es meramente una marioneta para dar cara de “criollidad” a las prerrogativas federales ambientales. Por otro lado, las agencias estatales en la isla están marginadas desde el punto de vista presupuestario y de prioridad y necesidad. Además, las han transformado para ser malas caricaturas que aprueban propuestas y proyectos para darles ese barniz legal y reglamentario de que se está haciendo lo necesario para proteger las comunidades y el ambiente. Por último, sufren de una crónica epidemia de “parisitis politicus dineritus” en las altas esferas administrativas, es decir batatas políticas que sangran los menguados recursos que se les asignan y son los gendarmes de las políticas de crecimiento económico corporativo que sacia la lógica de crear capital sin importar las consecuencias que estos proyectos acarren en las comunidades y ecosistemas naturales en Puerto Rico. Quiero aclarar que hay muchos trabajadores dentro de estas agencias que están comprometidos y que si les interesa proteger y cuidar el ambiente y la salud de las comunidades, pero son marginados, reprimidos, perseguidos y le hacen la vida de cuadritos para que renuncien o se cansen.
¿Qué hacer? Para comenzar, claramente tener un proceso de debate y discusión de la verdadera naturaleza de los aparatos legalistas y reglamentarios ambientales para desmitificar los mismos. Incluir en ese debate y discusión que implicaciones tiene eso para las comunidades que luchan por proteger su salud y el de su ambiente. En el caso de Puerto Rico, la manera en que la condición de falta de soberanía política y los aparatos represivos del gobierno federal amplifican las limitaciones de la aplicabilidad y la capacidad de servir a los propósitos de las comunidades el participar en estos procesos de evaluaciones ambientales sin denunciar su naturaleza discriminatoria y prejuiciada en favor de los intereses de las corporaciones. En fin que como bien demuestra la oposición al Gasoducto, solo en las manos de la comunidad organizada y soberana es que se puede salvaguardar la salud y el bienestar de las comunidades y del pueblo.
Hay que seguir fundamentando, apoyando y creando nuevas visiones de pueblo ambientales que estén construidas sobres las bases de la soberanía alimenticia, ambiental y ecológica de Puerto Rico pero estableciendo que sea una visión que en su esencia sirva no para continuar dando rienda suelta al crecimiento continuo en el sentido de los principios económicos clásicos, pero en el desarrollo verdaderamente de una visión ecológica que sea guiada por la justicia, la solidaridad, la interacción de la gente con su medio ambiente en una relación de iguales, que se centre en proveer a todas y todos los seres vivientes y a las procesos sin vida de los cuales depende la vida, las protecciones y los salvaguardas necesarios para poder tener una existencia digna. Hay muchos ejemplos de estos esfuerzos y proyectos en Puerto Rico, de los cuales Casa Pueblo es uno, pero hay muchos más, y también en el resto del mundo. Lo imprescindible es apoyarnos, ser solidarios, converger y fortalecer todas estas iniciativas y visiones. Pues la lucha sigue y en esa lucha el pueblo vive.
[1] Es por eso que en Puerto Rico eso del “Tribunal Supremo” es un cuento de camino porque esta corte está supeditada al “Tribunal Supremo Federal que puede revocar sus dictamines. No existe otro tribunal supremo aparte del la curia federal del poder colonial en Puerto Rico. Lo otro son placebos delirantes de poderes inexistentes.
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